El Pleno aprueba una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños

La corporación municipal del Ayuntamiento expresa su sólido compromiso con la igualdad, los derechos de todas las mujeres, niñas y niños y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una declaración institucional de manera unánime contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.

Así, la corporación municipal expresa su sólido compromiso con la igualdad, los derechos de todas las mujeres, niñas y niños y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, así como el desarrollo de medidas integrales que promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata.

El Consistorio murciano, a través de la declaración institucional, también suscribe el manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el 23 de septiembre, establecido por la Conferencia de Mujeres en Dhaka, en enero de 1999, que indica que "en los últimos años se ha producido en nuestro país un avance y consolidación de derechos mediante la aprobación de una serie de medidas que sitúan a España como referente internacional, gracias a la mejora de la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil".

A su vez, señala que "es importante tomar en consideración los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. La constante evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías ha proporcionado medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también ha creado nuevos escenarios y métodos sofisticados de captación y control de víctimas vulnerables, además de poder dificultar la detención de los delincuentes".

En este sentido, el objetivo del Consistorio murciano es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, dentro de sus competencias, para atender sus necesidades específicas.

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