Huermur solicita al Gobierno Regional la aprobación inmediata del necesario reglamento que desarrolle la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, pues debía de estar aprobado en diciembre de 2018 y ya acumula más de medio año de retraso.
La entidad conservacionista ha solicitado también una reunión con la nueva Consejera de Educación y Cultura, con el fin de exponerle diversos asuntos que requieren de su atención sobre el estado del patrimonio, así como sobre el funcionamiento de la Dirección General de Bienes Culturales.
La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) solicita al nuevo Gobierno Regional la aprobación inmediata del necesario reglamento que desarrolle la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, pues debía de estar aprobado en diciembre de 2018 y ya acumula más de medio año de retraso.
Para Huermur, resulta imprescindible que la principal norma autonómica que regula la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural tenga un reglamento que la desarrolle plenamente, y subsane los numerosos vacíos que a día de hoy existen en esta legislación regional.
El reglamento pendiente de aprobación, debe ser el texto legal que regule, por ejemplo, el funcionamiento de los órganos asesores e instituciones consultivas, órganos asesores como el Consejo Asesor de Patrimonio Cultural, que a día de hoy está totalmente desactivado y sin funcionamiento. Una situación que desde Huermur califican de inadmisible, pues es el órgano de participación ciudadana más importante en materia de patrimonio cultural, y está totalmente desarticulado.
Por otro lado, Huermur ha solicitado ya una reunión con la nueva Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós, con el fin de exponerle diversos asuntos que requieren de su atención sobre el estado del patrimonio, así como sobre el funcionamiento de la Dirección General de Bienes Culturales, el atasco de expedientes que existe actualmente en esa administración, la falta de la implantación de la obligada administración electrónica en este ámbito, así como numerosos aspectos a mejorar en materia de transparencia y acceso a la información pública.
