El PP apuesta por la protección de los vecinos ante a la ocupación ilegal

En el municipio de Murcia existen numerosas viviendas ocupadas en Rincón de Seca, Barrio del Carmen, El Palmar, Puente Tocinos, Santa Cruz, Aljucer, Torreagüera, Los Ramos, Javalí Nuevo, Javalí Viejo y los distritos Centro Oeste y Norte, entre otros

Los populares defienden la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que se reconozca como personas jurídicas a las comunidades vecinales en aras a retomar la sana convivencia y erradicar los comportamientos y actividades ilícitas que se pueden dar en el entorno como consecuencia de este fenómeno

Eduardo Martínez Oliva: "El mayor problema de este fenómeno ilegal es que los vecinos están absolutamente desamparados"

El Grupo Municipal Popular apuesta por la protección de los vecinos frente al fenómeno creciente de la ocupación ilegal de viviendas.

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción, a propuesta del Partido Popular, para que se realice una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de que se reconozcan como personas jurídicas a las comunidades de vecinos, para que estén, así, facultados para iniciar los procesos de recuperación de viviendas en aras a retomar la sana convivencia y erradicar los comportamientos y actividades molestas, nocivas, insalubres, peligrosas o ilícitas que se pueden dar en un determinado entorno como consecuencia de la ocupación ilegal.

En este sentido, el concejal popular Eduardo Martínez Oliva ha explicado que "el mayor problema que se están dando con la ocupación ilegal es la convivencia vecinal, y los vecinos están absolutamente desamparados para poder defenderse".

En el municipio de Murcia existen en la actualidad numerosos problemas de ocupación con denuncias por falta de civismo, suciedad, amenazas, hurtos, inseguridad, venta de droga y prostitución:

Rincón de Seca: vivienda ocupada varios años en la que conviven más de 40 personas, entre ellos menores.

La propietaria, vecina de la pedanía, fue denunciada por un incendio provocado en su vivienda ocupada ilegalmente teniendo que pagar 596,75 euros por la extinción del mismo.

Barrio del Carmen: viviendas ocupadas en las zonas de Santa Úrsula, Marqués de Ordoño y Mateos.

Distrito Norte: viviendas ocupadas en el Edificio Patronato de Franco y en Huerto Gambín (San Andrés).

Distrito Centro Oeste: viviendas ocupadas en Calle Bocio y en calle San Luis Gonzaga.

El Palmar: viviendas ocupadas en calle Gloria y en el barrio de Los Rosales, más concretamente en la Plaza Cerezos y en las calles Orquídeas, Las Viñas. Melocotón, Las Parras, Girasoles, Tomillo, Acacias, Los Pinos, Sauce, Naranjos, Plaza de los Limoneros y Platanitos.

Puente Tocinos: viviendas ocupadas en calles Pina, Sol y Velasco.

Santa Cruz: dúplex ocupado en Travesía de las Escuelas.

Aljucer: edificio ocupado en calle Libertad.

Javalí Nuevo: viviendas ocupadas en calle Salvador Allende. También en Javalí Viejo, donde en septiembre el PP de la pedanía elaboró una moción para solicitar más presencia policial ante este problema, hurtos, amenazas, daño e incivismo.

Torreagüera: edificio completo ocupado ilegalmente en las calles San Antonio y San Luis.

Los Ramos: edificio ocupado junto a la Vía Verde.

El fenómeno de la ocupación ilegal sigue aumentando cada día, y "desde el PP planteamos dotar de herramientas jurídicas a los vecinos para que combatan esta injusta situación", ha apostillado Martínez Oliva.

De igual manera, el PP también defiende la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas que oscilen entre los 3 y los 5 años.

Asimismo, el Grupo Popular apuesta igualmente por endurecer las penas que recoge el Código Penal para los casos de ocupación de vivienda, poniendo especial énfasis en las mafias organizadas.

El PP defiende los desalojos exprés en un máximo de 24 horas

El Partido Popular de Murcia también opta por desalojar las viviendas ocupadas en un máximo de 24 horas con intervención de la Policía. De forma complementaria, el PP propone ampliar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con nuevas medidas procesales orientadas a mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias legítimas de una vivienda con el objetivo de que puedan recuperar la plena posesión de su inmueble.

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