Huermur ha recurrido también los presupuestos por omitir los debidos fondos para la recuperación de elementos del patrimonio histórico que son de propiedad municipal, como la Casa de Antonete Gálvez, el Eremitorio de la Luz, o la Fábrica de Harinas La Constancia entre otros.

La entidad conservacionista critica los constantes impedimentos y trabas puestas por el Ayuntamiento de Murcia, para acceder al expediente electrónico sobre la tramitación de las cuentas públicas municipales.

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha presentado una reclamación administrativa contra la aprobación inicial de los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia para 2020, y que se encuentran en periodo de exposición pública.

Huermur señala que los presupuestos del Consistorio contienen diversos programas de gasto, tanto de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta como de la Concejalía de Fomento, para entubamientos y cimbrados de acequias de la huerta de Murcia. Unas actuaciones, señalan desde Huermur, que confrontan con el deber de protección y salvaguarda de la milenaria red de regadío tradicional de la huerta de Murcia, así como con el propio Plan General de Ordenación Urbana, y con pronunciamientos del Tribunal Supremo. Unos pronunciamientos judiciales que otorgan a los cauces de riego y acequias de Murcia un carácter de propiedad privada de los regantes y comuneros, por lo que no se podría intervenir en ellos para realizar proyectos si el ayuntamiento no cuenta antes con la debida disponibilidad de terrenos, su cesión o compra, y posterior inscripción en el inventario municipal y registro de la propiedad.

Por otro lado, la entidad conservacionista ha recurrido estos presupuestos por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. En este caso no se reflejan fondos ni partidas para la debida recuperación y puesta en valor de diversos inmuebles catalogados, y Bienes de Interés Cultural BIC que son de propiedad municipal, como obliga la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Por ejemplo, no se presupuestan actuaciones para recuperación definitiva de la Casa de Antonete Gálvez del siglo XIX (su mal estado está denunciado por Huermur desde 2016), el singular Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz del siglo XVII, o la Fábrica de Harina La Constancia en pleno centro de Murcia y catalogada como BIC.

Sobre la falta de transparencia a la hora de exponer al público toda la documentación sobre los presupuestos, Huermur critica los constantes impedimentos y trabas puestas por el Ayuntamiento de Murcia para acceder al expediente electrónico sobre la tramitación de las cuentas públicas municipales. La propia Dirección Económica y Presupuestaria del ayuntamiento, tras haber solicitado Huermur el acceso digital al expediente donde se tramitan esas cuentas, respondió por escrito que si se quería ver el expediente se tendría que hacer de forma física en las oficinas, y en papel. Ante esta situación, el presidente de Huermur Sergio Pacheco, reprocha que: "Este tipo de prácticas que dificultan el acceso de los interesados a los expedientes en plena ola de la pandemia, obligando a desplazamientos y visitas, son más propias de una "república bananera" que de una administración pública del siglo XXI, y en plena era de la digitalización y administración electrónica. Los dirigentes del Ayuntamiento de Murcia hablan mucho de la SmartCity, pero a la hora de la verdad, su administración sigue inmersa en el siglo XIX, y sólo les falta enviar las notificaciones por paloma mensajera".

Por último, al haber presentado alegaciones, los presupuestos deberán volver al pleno para resolver la reclamación interpuesta por Huermur y contestar a las cuestiones planteadas. Por lo que el colectivo conservacionista insta a todos los miembros de la corporación a que estudien con detalle los hechos comunicados, y no permitan que el ayuntamiento contemple entubamientos de acequias, ni que omita el crédito necesario para cumplir con la legislación de patrimonio cultural que obliga a rehabilitar los bienes históricos de su propiedad.