El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, suscribieron hoy con la vicepresidenta de la Comunidad, Isabel Franco, y el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, el protocolo de colaboración para el realojo de familias en situación de exclusión social de los municipios de Murcia y Alcantarilla. Al acto asistió la concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, Paqui Pérez.

En concreto, en el municipio de Murcia, la Comunidad cede un total de 17 viviendas para el realojo de familias que viven en situaciones de chabolismo, y próximamente cederá otras 5, lo que supondrá un total de 22 inmuebles.

“Se trata de una actuación que persigue hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de nuestra Constitución, pero que posee, sobre todo, un marcado componente social para mejorar la convivencia y favorecer la integración socioeducativa de los vecinos, en colaboración de las distintas organizaciones del tercer sector”, indicó el alcalde Ballesta, quien señaló que “el parque público de viviendas que gestiona el Ayuntamiento está compuesto por más de 1.000 casas en las que residen un millar de familias”.

Por su parte, la edil de Vivienda, Paqui Pérez, ha hecho referencia a  la necesidad de suscribir este tipo de convenios para incrementar el número de viviendas destinadas a cubrir situaciones de emergencia habitacional. “Garantizar su acceso a los colectivos más vulnerables, en unas condiciones de habitabilidad dignas y accesibles, es uno de los objetivos básicos del plan municipal de vivienda”, ha destacado.

El protocolo rubricado hoy recoge que la CARM se compromete a ceder a los Ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla la propiedad de aquellas viviendas que adquiera en el municipio de Murcia con cargo al Programa FEDER “Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial”, y a repararlas en su caso para su puesta en uso.

La CARM cede la propiedad de dichas viviendas a los citados ayuntamientos puesto que la Administración local y sus servicios sociales, dada la cercanía con los ciudadanos, conocen mejor sus problemas y resultan más eficientes a la hora de dar respuesta concreta a la búsqueda de un hogar para la población en situación de exclusión social.

Por su parte, los citados ayuntamientos elaborarán un censo de las familias que viven en asentamientos chabolistas o infraviviendas radicadas en sus municipios, con indicación de la ubicación geográfica, condiciones físicas del asentamiento, relación de las familias, composición de las mismas y características socioeconómicas de la población, así como también los informes técnicos específicos que sean necesarios en el Programa.

Integración social, laboral, educativa y sanitaria

Se regula así la cesión de las viviendas destinadas a familias que vivan en asentamientos chabolistas y/o infraviviendas en el municipio, con el objetivo de promover su integración social, laboral, educativa y sanitaria.

Se trata de una línea de trabajo iniciada por la Administración regional hace años pero que ahora toma una especial relevancia, y adquiere el carácter de urgente (tal como establece el decreto-ley aprobado la semana pasada), por las necesidades sociales generadas por la epidemia del coronavirus. Tras la adaptación del programa europeo a la realidad residencial regional, la Comunidad ha intensificado la búsqueda de hogares para estas familias

Este convenio se enmarca en el 'Programa europeo de actuación y acompañamiento al realojo de personas en situación de exclusión social y residencial', financiado a través fondos europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y Social (FSE), y de la Comunidad Autónoma. Se desarrolla hasta 2023, en los municipios de Murcia y Alcantarilla que son los que solicitaron participar en el citado programa.

Financiación europea: 7 millones de euros

El programa está dotado con un total de siete millones de euros, y tiene dos fases. En la primera, el fondo FEDER aporta el presupuesto para la adquisición de viviendas, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. En una segunda fase, el FSE, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, se encarga del realojo y las medidas de acompañamiento social encaminadas a la integración, en colaboración con los ayuntamientos participantes en el programa.

Además de las instituciones regionales y locales, en la ejecución del programa colabora la organización no gubernamental HABITO, especializada en dotar de vivienda y avanzar en la integración social de colectivos desfavorecidos.

Estas viviendas garantizan la salubridad de las condiciones de vida de un amplio número de personas y se les garantizan servicios básicos en la proximidad de sus nuevas residencias, siempre cercanas a colegios y a centros sanitarios. Mediante el trabajo de seguimiento de los servicios sociales en las nuevas viviendas, se mejorará en la integración y en dotar a las personas beneficiarias del programa.