El concejal, quien apuesta firmemente por la remunicipalizacion de los servicios, señala que "esta forma de adjudicar el estacionamiento tiene efectos para los trabajadores cuyas bajas y jubilaciones no se pueden cubrir"

Han transcurrido más de ocho meses desde la adjudicación "apresurada e improvisada" del servicio de Estacionamiento Regulado en la Vía Pública, la ORA, y no se ha llevado al Pleno, que es el órgano que debe aprobar o no la forma de gestión de este contrato. El Grupo Municipal Socialista denunció ya en octubre que "había muchas lagunas en este proceso y, sobre todo, lo que más había era una flagrante falta de transparencia y de informes que avalen esta municipalización, sobre todo porque esta decisión podía pretender encubrir otras adjudicaciones posteriores".

Para el concejal socialista Juan Vicente Larrosa, "en octubre no entendimos, y seguimos sin hacerlo, la entrega a Urbamusa de este contrato que, según los datos de 2018, tiene unos beneficios de 2.900.146,41 euros" y, aunque "el PP lo deje todo a la inercia haciendo pasar por buenos procedimientos que carecen de un mínimo de garantías, el Grupo Socialista ya ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos para depurar posibles responsabilidades".

Además, señala que "tenemos un caso parecido en Torrejón de la Calzada, cuyo alcalde fue condenado por la remunicipalización de una piscina sin los informes previos, por tanto, lo que denunciamos hoy, de nuevo, es algo muy serio: una adjudicación acelerada sin el aval que, como establece la Ley de Bases de Régimen Local, suponen los informes preceptivos".

Al respecto, Larrosa advierte de que "la Junta de Gobierno, cuando se celebra, asume competencias que son propias del Pleno al tratar esta adjudicación como un punto más del orden día semanal, cuando debe ser debatida y apoyada por la mayoría de la Corporación".

"Es que el Ayuntamiento parece nuevo, porque es difícil entender que sabiendo como sabe con mucha antelación el plazo de conclusión de los contratos no se prepara con tiempo para que las nuevas adjudicaciones sean transparentes y rigurosas, porque los socialistas creemos firmemente que los servicios que nuestro Ayuntamiento presta a los ciudadanos y ciudadanas deben ser prestados por él mismo, creemos en la remunicipalización, pero claro, no a cualquier precio y de cualquier manera" y pregunta: "¿qué han ganado nuestros vecinos con la entrega a Urbamusa del contrato de la ORA? ¿se han bajado los precios, el servicio tiene más calidad? No, se han ampliado las zonas para ganar más. El afán recaudatorio del PP no tiene límite".

Además, "claro, con esta forma de proceder y cuando leemos que queda en manos de la concejala Rebeca Pérez adoptar decisiones sobre este servicio, nuestras dudas se incrementan sobre una adjudicación que es dirigida, malintencionada y ocurrente. Hay que ser más meticuloso y severo con el dinero y los servicios públicos", declara.

Por tanto, después de ocho meses, "nos encontramos con que Urbamusa se queda con la gestión de este servicio sin los informes preliminares, por ejemplo, dónde están la memoria técnica y económica, así como el informe jurídico donde quedara bien clara la situación de partida ¿dónde? Tampoco sabemos de la existencia de un estudio de viabilidad técnica y económica para conocer la rentabilidad del servicio".

Larrosa precisa que "en su día no nos conformamos, y cuanto más tiempo transcurre más sospechas tenemos sobre la adjudicación de la ORA, que nos vendieron como una remunicipalización del servicio", y agrega que "estamos hablando de contratos que mueven un volumen importante de dinero, y ello requiere seriedad y mucha transparencia", no obstante, "el equipo de gobierno o no vigila los contratos públicos o lo hace utilizando procedimientos llenos de aleatoriedad y oscurantismo".

Esto, según palabras del edil socialista, también implica consecuencias para los propios trabajadores, asumidos por Urbamusa en octubre, pero cuyas bajas y jubilaciones no se están cubriendo porque, según nos cuentan, esta adjudicación se encuentra en el limbo y los empleados en una situación de interinidad".

Igualmente, "conlleva que los trabajadores asuman más perímetro de control, lo que hace que el servicio sea de menor calidad y las multas puedan ser indebidas, ya que si la ratio era de 150 vehículos por controlador ahora esa cantidad se supera muchos días, porque no se puede contratar a empleados que sustituyan las bajas".

Por último, Larrosa manifiesta que "no sabemos si el hecho de que el PP entregara este contrato a Urbamusa, que asumió los medios humanos y materiales de la anterior empresa y que ya ha invertido en una nueva app para el pago por minutos, era algo provisional, pero lo cierto es que no hay ni un solo dato sobre la sostenibilidad y eficiencia del servicio".