Huermur apoya las medidas cautelares urgentes presentadas esta semana ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por las que se solicita la paralización del derribo de los muros, verjas, y demás elementos de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocida como Cárcel Vieja.
En 2019 se inició ante el TSJ el procedimiento judicial contra la desestimación de la Consejería de Cultura de la petición como monumento BIC de la Cárcel Vieja de Murcia, y ante los últimos anuncios del Ayuntamiento de Murcia sobre el comienzo de las obras y derribos, se ha solicitado la paralización cautelar del proyecto municipal previsto para este singular e histórico inmueble.
La solicitud de estas medidas cautelarísmas que se han solicitado al TSJ, ya han sido comunicadas por registro tanto al Alcalde de Murcia José Ballesta, como al teniente de alcalde Mario Gómez, así como al Concejal de Cultura y Patrimonio del Consistorio, Jesús Pacheco.
Huermur señala que ha tenido conocimiento de que si finalmente se derriban los muros y elementos para los que se ha solicitado su protección BIC, mientras la Sala del TSJ está tramitando las medidas cautelarísimas instadas, no se dudará en acudir a la vía penal contra todos aquellos cargos e individuos, que pudieran resultar finalmente responsables.
La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (HUERMUR), apoya las medidas cautelares presentadas esta semana ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por las que se solicita la paralización cautelar del derribo de los muros, verjas, y demás elementos de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocida como Cárcel Vieja.
La Prisión Provincial de Murcia es un importante elemento del patrimonio cultural murciano, debido principalmente a sus características arquitectónicas y a su sólido significado histórico. Este singular edificio con casi cien años de historia, se proyectó hacia 1922 sobre unos terrenos pertenecientes a la Marquesa de Salinas, siendo finalizado en 1927, e inaugurado el domingo 26 de mayo de 1929. El inmueble ha sufrido un largo periodo de abandono institucional y diversos intentos de demolición y destrucción total o parcial, logrando sobrevivir y constituyendo actualmente un elemento patrimonial básico en la configuración de la fisonomía urbana de la zona norte de la ciudad de Murcia.
Huermur ha tenido conocimiento de que en 2019 se inició ente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, un procedimiento judicial contra la desestimación de la Consejería de Cultura de la solicitud para declarar monumento BIC la antigua prisión. Una resolución de Cultura que resultaría torticera, infundada, y totalmente carente de rigor alguno.
El colectivo conservacionista ha podido conocer que ante la Sala del TSJ de Murcia se han interpuesto esta misma semana unas medidas cautelares para paralizar los derribos proyectados por el Ayuntamiento de Murcia sobre este singular edificio, y que se llevarían por delante los muros del histórico penal, cercenando por completo su carácter de antigua prisión, y que le otorgaría su condición de monumento BIC.
La asociación critica el obstinamiento del gobierno municipal en despojar de su significado a este edificio monumental de la ciudad, y que recoge en sus paredes buena parte de la historia del siglo XX murciano, y de la que se sesgaría parte de su memoria si como pretende el equipo de gobierno, se derriba parte de sus fachadas y muros.
La solicitud de estas medidas cautelares urgentes instadas ante el TSJ de Murcia ya han sido comunicadas por registro a los responsables municipales para su fehaciente conocimiento, remitiéndose las mismas tanto al Alcalde de Murcia José Ballesta, como al teniente de alcalde Mario Gómez, así como al Concejal de Cultura y Patrimonio del Consistorio, Jesús Pacheco.
Huermur remarca que nos encontraríamos ante un supuesto idéntico al de la cárcel de San Antón de Cartagena, donde la misma Sala del TSJ ordenó la aplicación de medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Cartagena para paralizar el derribo inminente de la prisión por parte de una mercantil.
Por último, el colectivo señala que ha tenido conocimiento de que si finalmente se derriban los muros y elementos para los que se ha solicitado su protección BIC, mientras la Sala del TSJ está tramitando las medidas cautelarísimas instadas, no se dudará en acudir a la vía penal contra todos aquellos cargos e individuos, que pudieran resultar finalmente responsables.