El colectivo ciudadano considera que el Ayuntamiento de Murcia ha hecho oídos sordos a las alegaciones presentadas por diversas asociaciones formantes de la Plataforma, a pesar de ser ésta la promotora del propio Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural, cuya constitución anuncia el Ayuntamiento tras dos años de retraso.

La Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia muestra su decepción ante la aprobación del reglamento del que será Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural del municipio de Murcia sin que hayan sido admitidas las alegaciones presentadas para su mejora. Este órgano asesor, en el que asociaciones, expertos, instituciones y otros agentes representativos cooperarán con el Ayuntamiento en la protección y defensa del patrimonio cultural, nace así ignorando la participación social que en teoría fundamenta su propia creación, siendo más flagrante aún en el caso de la Plataforma, al ser la impulsora original del Consejo.

La idea del mismo partió en 2015, como forma de mejorar la deficiente aplicación por parte del Ayuntamiento de las distintas normativas municipales como el PECHA o el catálogo del PGOU-, al entender que a través de una lectura experta de dichas normativas y de la participación social podrían propiciarse intervenciones más respetuosas con nuestro patrimonio, diezmado por sucesivos derribos de edificios protegidos (como el palacete Ponce), modificaciones arbitrarias en las condiciones de actuación (como los inmuebles de la plaza González Conde o el edificio de la Bola de Oro), aumentos desproporcionados de edificabilidad, etc.

La propuesta fue presentada tanto al equipo de gobierno como a los grupos de la oposición, aprobándose por unanimidad en el pleno municipal del mes de mayo de 2017 a través de una moción que instaba a su creación.

Desde entonces, y tras mucho retraso, el gobierno municipal ha abierto dos periodos de alegaciones al borrador del reglamento del futuro Consejo Sectorial de Patrimonio, pero no ha tenido en cuenta las sugerencias presentadas por distintas asociaciones y entidades formantes de la Plataforma, como que el Consejo atienda no sólo al patrimonio material sino también al inmaterial, de la misma forma que recoge la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, o la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y diversos convenios europeos que incluyen este fundamental aspecto del patrimonio cultural.

La base sobre la cual el Ayuntamiento viene negando que el Consejo trate aspectos de patrimonio inmaterial es que el Consejo Sectorial quedará adscrito a la actual concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, al ser ésta la que posee las competencias en ordenamiento urbano, mientras que la vertiente inmaterial es más propia de la concejalía de Cultura. Sin embargo, esta visión restrictiva niega que el patrimonio inmaterial (de tipo etnológico, etc.) pueda ser valorado de igual forma dentro de la planificación urbana en su relación con determinados espacios, paisajes o inmuebles, como sería deseable.

Al respecto de los dos periodos de alegaciones antes referidos, desde la Plataforma y sus entidades formantes señalan que el último de los mismos no se ajustaría a la normativa vigente en materia del procedimiento administrativo, al haber existido de forma paralela una exposición pública anterior, la primera que se realizó en el boletín oficial, que no fue anulada ni continuada por el ayuntamiento. Hecho este que invalidaría el segundo periodo realizado al no haber anulado el anterior, provocando así una seria irregularidad de forma.

A su vez, la Plataforma también señala la incongruencia de que entre las instituciones que participarán en el Consejo Sectorial de Patrimonio y en la Comisión Asesora que funcionará dentro del Consejo esté la UCAM, empresa que está siendo investigada por irregularidades urbanísticas en el entorno protegido del Monasterio de los Jerónimos, o que fue expedientada por el derribo del edificio del Corralazo, en Guadalupe, que estaba catalogado en el PGOU de Murcia.

Por último, tanto la Plataforma como las asociaciones y entidades que la forman, esperan que el gobierno municipal y los grupos de la oposición recapaciten y atiendan las alegaciones planteadas durante el periodo de exposición pública del citado reglamento antes de su aprobación definitiva en el pleno de este jueves.