El colegio de Sangonera La Verde sufrió en la tarde del jueves su primer incendio del año, el quinto en los últimos doce días y el undécimo desde agosto, que necesitaron la intervención de los bomberos y Policía Local. Los vecinos y el personal del centro educativo están hartos de expresar su máxima preocupación y exigen al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Educación que tomen cartas en el asunto desde ya mismo e identifiquen al autor de los actos vandálicos.

Desesperación e impotencia figuran entre los calificativos que se escuchan de los trabajadores y trabajadoras del CEIP Antonio Delgado Dorrego desde este verano. No se explican cómo no se ha atrapado ya al culpable de los hechos y que tanto el Ayuntamiento de Murcia como la Consejería de Educación continúen sin tomar medidas que resuelvan este gravísimo problema que está poniendo en peligro la seguridad ciudadana de esta localidad murciana.

Los bomberos se vieron obligados a actuar una vez más anoche, la undécima desde agosto y la quinta en los últimos doce días para colmo de los residentes, que ven la inoperancia de las autoridades competentes a la hora de frenar la racha de incendios provocados en el cercado del centro educativo. La sucesión de estos fuegos comenzó el pasado 23 de diciembre y siguió con otros tres, el 26, 27 y 29 del mismo mes. Además, tras los primeros cinco vividos en agosto y septiembre, hubo otro en el puente de la Inmaculada.

La Dirección del CEIP Antonio Delgado Dorrego observó además que los presuntos autores llegaron a cortar parcialmente el tronco de varios cipreses, lo que causó que se derrumbaran el pasado 13 de diciembre en horario escolar, sin que el alumnado y el personal del centro padecieran algún incidente gracias a que se encontraban dentro del edificio público.

El pasado sábado, el centro educativo lamentó que los servicios de protección civil estén desbordados por sus escasos recursos de personal y denunció que el Consistorio sigue sin ordenar a la Policía Local la creación de un servicio especial de vigilancia.

Hasta el momento, la pedanía sólo ha intentado solucionar esta situación con la colocación de cámaras de vídeo dentro del recinto del colegio, aunque no pueden grabar al exterior porque resulta ilegal.

CCOO Enseñanza califica de "lamentable" la incomprensible pasividad de las autoridades ante un hecho que se viene denunciando desde septiembre. De este modo, exigimos al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación que adopten medidas urgentes necesarias para atajar estos actos violentos, que están afectando el normal desarrollo de la vida escolar en el centro. No se puede esperar a reaccionar sólo cuando ocurre una desgracia irreparable.