Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las universidades, reivindicamos nuestro papel de agentes activos en la lucha contra todo tipo de violencia sobre las mujeres y sobre sus hijas e hijos, incluyendo sus familiares más cercanos. Violencias que están asentadas en las desigualdades entre hombres y mujeres, construidas culturalmente mediante prácticas discriminatorias asimiladas como naturales y propias dentro del orden social establecido.

Es un objetivo prioritario y común de las universidades, marco de la educación superior, colaborar con los poderes públicos y la sociedad en su conjunto para poner fin a este tipo de violencia. En el ámbito de la relación de pareja, la violencia de género también alcanza a otros familiares, resultando especialmente peligroso en el caso de las hijas e hijos, sobre quienes los riesgos de integridad psicológica y física se convierten en un peligro directo por la instrumentalización que de ellos se realiza.

En nuestro contexto social de convivencia resulta primordial erradicar el acoso sexual o por razón de género en la esfera laboral, los abusos y agresiones en entornos festivos, la explotación sexual y reproductiva, la trata de mujeres y niñas, y un largo etcétera de actos violentos que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso y el Senado en septiembre de 2017, supone un marco estratégico de actuación y coordinación institucional que tiene que impulsar las acciones necesarias para la erradicación de la violencia de género.

Las unidades de igualdad de las universidades trabajan desde hace tiempo en las líneas estratégicas establecidas en este pacto, adoptando medidas y prácticas de actuación dirigidas a nuestro entorno. La puesta en marcha de dichas medidas conlleva un esfuerzo continuado de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres.

Es por ello por lo que, la dotación económica dispuesta en el Pacto de Estado, y gestionada por las comunidades autónomas, debe integrar la previsión correspondiente para la inclusión de las universidades como agentes intervinientes en la lucha contra la violencia de género, que exige de medios y recursos suficientes para alcanzar su objetivo. Así se podrá dar respuesta adecuada a la creciente y legítima demanda social, en relación con las personas que estudian en las universidades, de manera que egresen de sus aulas con las competencias y destrezas necesarias para este indispensable cambio social hacia la igualdad.

Las universidades tenemos como núcleo irrenunciable de actuación el principio de igualdad, siendo ineludible la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento según el grado de intensidad que se requiera en cada estudio.

Así mismo, es una creciente demanda social que las universidades impartan formación inicial y específica en los planes de estudio de sus titulaciones, que capacite para el ejercicio profesional, con perfil suficientemente cualificado, en los procesos derivados de las situaciones de violencia de género.

El bárbaro goteo de asesinatos a causa de la violencia de género, exige la inclusión de una formación continua, rigurosa y actualizada, para quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas y su protección frente a quienes atentan contra la vida, la libertad y los derechos de la mujer, así como los de sus hijas e hijos.

La formación especializada dirigida a los itinerarios profesionales correspondientes a todos los agentes judiciales, al cuerpo facultativo médico y al personal sanitario, así como a los diferentes cuerpos policiales y otros perfiles intervinientes, es una exigencia que no puede ser eludida ante los resultados que derivan de un sesgo inadecuado en la valoración, adopción y mantenimiento de medidas de protección y garantía.

La ausencia de perspectiva de género en la evaluación de los hechos que fundamentan este tipo de violencia lleva a la consolidación de falsos presupuestos, y otorga autoridad a quienes niegan la existencia de una violencia sistémica contra las mujeres y sus familias.

En esta conmemoración del 25N, las universidades mantenemos nuestro compromiso activo y firme en la lucha contra la violencia de género. Somos conscientes de que para ello es necesario incorporar las exigencias formativas antes aludidas, así como otorgarles un carácter de urgencia.

Tras largos años de recortes en la financiación de las instituciones universitarias, necesitamos el respaldo institucional y financiero del gobierno de las comunidades autónomas para acometerlas. Sin dicho respaldo resultará muy difícil, cuando no imposible, que las universidades, podamos asumirlas.

Como señala la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka la violencia de género es inaceptable, se puede evitar y se puede prevenir.

Hagámoslo posible.