La Asociación de Vecinos de Zeneta, junto con Ecologistas en Acción, han denunciado los desmontes que se están realizando desde hace más de un año en la pedanía murciana de Zeneta.
Según las organizaciones, los trabajos carecen de las licencias necesarias por parte de los órganos competentes, es decir, Medioambiente, Minas, Confederación Hidrográfica del Segura y Ayuntamiento de Murcia, que amparen la actividad real que se está realizando.
Por un lado, no existe estudio riguroso del impacto ambiental, ni Plan de Labores, ni Plan completo de Reforestación, como tampoco un Estudio de Emisiones a la Atmósfera.
Además, los desmontes, que ya han extraído más de 1.700.000 m3 de material para ser utilizado en la construcción de la autovía del Reguerón, produciendo un grave impacto ambiental y paisajístico, se desarrollan en terrenos calificados por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia SUELO NF “Protección de la Naturaleza y Usos Forestales”. De hecho, se han eliminado especies de flora de diferente catalogación en el Catálogo Regional de la Flora Silvestre Protegida, que en cualquier caso requieren de autorización para su manejo.
Por si esto fuera poco, las organizaciones advierten que se han eliminado y transformado cauces naturales de barrancos y pequeñas ramblas, sin ningún consentimiento de la CHS, y muy cerca de zonas de riesgo por inundaciones recogidas en la Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación Hidrográfica del Segura[1], por lo que en caso de producirse lluvias torrenciales la variación de dichos cauces podría agravar los procesos de inundación y afectar a las poblaciones cercanas.
A lo que se añade que las organizaciones temen que tras los desmontes, las explotaciones agrícolas colindantes aprovechen el allanado resultante para ampliar o crear nuevos regadíos de manera irregular.
En cuanto a las familias que residen a menos de 100 metros, se han visto obligadas a denunciar que esta actividad les está causando perjuicios por la concentración de polvo en ambiente, el acúmulo constante de arena en las viviendas, el ruido y el tráfico que generan el paso de 200 camiones de gran tonelaje al día, dañando la salud de varias personas aquejadas de molestias respiratorias y oculares.
Esta es la consecuencia de la falta de licencias y permisos que condicionen la extracción al cumplimiento de determinadas medidas correctoras, que habitualmente se exige a este tipo de actividades, como son el riego de las superficies, la limitación de velocidad de los vehículos, que los camiones viajen con la carga tapada, la restricción de horarios y magnitud de los ruidos, respetar una distancia a las viviendas, etc.
Por todo ello, ambos colectivos consideran que se ha cometido un grave delito ambiental que incluye el incumplimiento de numerosa legislación, por lo que piden a las administraciones competentes que paralicen la extracción, impongan las sanciones y penas que correspondan, y si son constitutivos de delito que se envíen a las dependencias judiciales oportunas, así como que se obligue a la restauración ambiental de la zona.