Angeles Micol teme que "al final serán todos los murcianos los que, pagando con su dinero, tendrán que arreglar el desaguisado que los responsables municipales han ocasionado"
AHORA MURCIA denuncia "la desastrosa gestión del Ayuntamiento de Murcia en la tramitación de la cesión de los terrenos en los que se ubican las instalaciones del tranvía, que llevó incluso a una orden judicial de lanzamiento (desahucio) el pasado mes de noviembre, que finalmente pudo paralizarse". La concejala Angeles Micol explica que una serie de irregularidades ocurridas en dicha tramitación, en el año 2009, han provocado que ahora "el Consistorio se verá obligado a destinar nuevos recursos para hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre la finca, que ya ha sido adjudicada al Banco Sabadell". Ante estos hechos Ahora Murcia ha pedido hoy información a las concejalías correspondientes sobre el estado en el que se encuentra el procedimiento judicial instado por el Ayuntamiento, así como sobre el reconocimiento de la edificabilidad de los terrenos de la mercantil Citrovida SL (propietaria de la finca) en el sector ZP-Ch3-2, de Churra, para conocer si la empresa conserva ese reconocimiento a día de hoy o si el mismo ha sido trasmitido a un tercero para, en ese caso, identificar a dicho tercero.
La edil señala que "el Ayuntamiento no registró en 2009, cuando Citrovida le cedió los terrenos, el uso municipal de estos, y cuando trató de hacerlo, en noviembre de 2016, el Registro informó negativamente de la operación, por lo que no pudo llevarla a cabo". Por otra parte, "la Ley establece que los terrenos destinados a equipamientos públicos incluidos en un sector urbanístico deben ser entregados al Ayuntamiento libres de cargas, algo que el Ayuntamiento no exigió a la mercantil Citrovida".
La falta de registro del uso municipal de los terrenos y la existencia de cargas sobre estos salieron a flote el 2 de septiembre de 2016, fecha en que el Banco Sabadell presentó la ejecución de un préstamo hipotecario contra Citrovida, ya que ésta había presentado concurso de acreedores.
Micol recuerda que la aprobación inicial del Plan Parcial ZP-Ch3-2 fue en la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2008, mientras que la aceptación de la cesión del uso de los terrenos se produjo en la Junta de Gobierno de 15 de julio de 2009. Estas dos acciones del Ayuntamiento de Murcia son de fecha posterior a la formalización de la hipoteca (en 2005), "que era perfectamente conocida por los responsables municipales, pues se adjuntaba en el expediente una nota simple del Registro de la Propiedad sobre dicha finca en la que se especificaba claramente la existencia de esta carga".
La concejala señala que "en la concesión del tranvía de Murcia se acordó que uno de los compromisos del Ayuntamiento con la concesionaria era la entrega de los terrenos para las instalaciones libres de cargas, sin embargo el Consistorio reconoció la edificabilidad a la empresa a cambio del uso de un suelo hipotecado, entregándole dicho suelo cuando en el contrato de la concesión se establecía que sería libre de cargas".
Para la edil, "esto significa que el Ayuntamiento era consciente del riesgo que existía y de que podía perder ese derecho al uso en caso de una ejecución hipotecaria, así como que toda construcción que existiese sobre esos terrenos también se vería afectada, al extenderse los efectos de la hipoteca a todo lo construido sobre la finca". Apunta, además, que "no percatarse de dicho riesgo supone una clara negligencia en la gestión de los intereses de la ciudadanía; es indiscutible que existía una hipoteca y que el Ayuntamiento lo sabía al aceptar la cesión como contrapartida. A pesar de todo esto y con claro riesgo para los intereses públicos, no se garantizó el derecho de uso del Ayuntamiento frente a terceros inscribiendo dicho uso en el Registro de la Propiedad".
Ante esta situación, "el Ayuntamiento se verá obligado a destinar nuevos recursos para hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre la finca, que ya ha sido adjudicada al Banco Sabadell, a no ser que pueda acreditar que esa cesión de uso era conocida por el banco, cosa difícil, pues además de no haber inscrito ese derecho en el Registro de la Propiedad, tampoco se ha encontrado que especificase las circunstancias y destino de ese suelo de Equipamiento en la Memoria del Plan Parcial ZP-Ch3-2 donde se ubican los terrenos".
Micol afirma que "no se trata sólo de un conflicto entre el banco y la empresa propietaria de los terrenos, porque de por medio está la empresa concesionaria del tranvía, que es la que tiene el derecho de uso de esos terrenos mediante una adjudicación municipal". La edil de Ahora Murcia concluye que "si finalmente el Consistorio no consigue hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre los terrenos, serán todos los murcianos los que, pagando con su dinero, tendrán que arreglar el desaguisado que los responsables municipales han ocasionado, entre lo que se encontrarían la obligación de indemnizar por daños y perjuicios ocasionados a la concesionaria del tranvía, y la necesidad de conseguir una nueva ubicación para las instalaciones del tranvía y llevar éstas a cabo".