La propuesta, elaborada por el grupo de trabajo de la Red para la Inclusión Social y la Concejalía de Derechos Sociales, contiene medidas preventivas y correctivas para actuar en los tres niveles posibles: el precio de los recibos, la renta familiar y las condiciones de la vivienda. Tiende la mano a las empresas suministradoras que actúan en el municipio para constituir un fondo destinado a financiar algunas de las actuaciones. Conchita Ruiz: 'El plan establece unas líneas coherentes y realistas de trabajo que permitan afrontar con eficacia la meta que nos hemos propuesto para proteger a las familias murcianas más vulnerables'.

La Concejalía de Derechos Sociales, de la mano de las entidades implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ha diseñado un plan que permita afrontar con eficacia la lucha contra la pobreza energética en el municipio y proteger al mismo tiempo a las familias en situación más vulnerable.

Para ello, explica la concejala del área, Conchita Ruiz, el plan ‘no contempla propuestas ideales pero de difícil o imposible cumplimiento, sino que establece unas líneas coherentes y realistas de trabajo que permitan afrontar con eficacia la meta que nos hemos propuesto’.

Así, el modelo creado se centra en el ámbito de actuación de la administración local, con la colaboración de las entidades sociales implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el resto de organizaciones vinculadas con el consumo y las propias empresas relacionadas con la producción, transporte, distribución y comercialización de energía en el municipio.

El documento ha sido presentado esta mañana por Conchita Ruiz, acompañada por representantes de las ONGs que constituyen el grupo de trabajo de la Red para la Inclusión Social que han participado en la elaboración: Cruz Roja, Cepaim, Cáritas, Administración Regional y trabajadores sociales del Ayuntamiento.

Modelo pionero

El plan, que se ha gestado sin utilizar otros modelos de otras ciudades, presenta unos rasgos singulares. Uno de ellos es que contiene medidas preventivas y correctivas para actuar en los tres niveles que permiten luchar contra la pobreza energética: el precio de los recibos, la renta familiar y las condiciones de la vivienda.

Además, tiene como novedad la búsqueda de la colaboración de las empresas suministradoras para que, atendiendo a la responsabilidad social corporativa, creen un fondo social anual destinado a financiar medidas previstas en el plan, a la condonación directa de deudas tras la acreditación de los servicios sociales o al establecimiento de sistemas de tarifación asumibles para los consumidores.

Según los datos recogidos en el documento, en el municipio residen 7.000 familias con riesgo alto o muy alto de padecer pobreza energética y casi 11.000 familias con riesgo medio.

Para dar una respuesta integral a todas ellas, el plan conjuga medidas preventivas con otras correctivas, destinadas a la atención inmediata a quienes ya se encuentran en esa situación.

En las medidas preventivas se reúnen acciones de información y formación orientadas al uso racional de la energía y a la optimización de los servicios contratados, así como las destinadas a la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las viviendas.

Serán intervenciones dirigidas a obtener un conocimiento detallado y actualizado de los hogares con pobreza energética, organizar campañas informativas sobre consumo eficiente, constituir un espacio técnico de coordinación de las actuaciones en materia de pobreza energética, crear un censo de viviendas con deficiencias energéticas y promover la responsabilidad social corporativa de las empresas suministradoras.

Situaciones de urgencia

El segundo bloque de medidas, las correctivas, se orientan a hacer frente a situaciones de urgencia mediante un sistema de ayudas, interviniendo en hogares con amenaza de corte de suministro, con pobreza energética o con deficiencias que inciden en el consumo de electricidad.

Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de un registro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, la puesta en marcha de un sistema ágil de comunicación con las empresas suministradoras para acreditar las situaciones de exclusión social y priorizar las ayudas de emergencia social para evitar el corte de suministro cuando haya afectados menores, dependientes, personas con discapacidad o enfermos crónicos.

Asimismo, se contempla promover un sistema de ayudas para pequeñas adaptaciones domésticas vinculadas al ahorro energético: grifos con menos caudal, bombillas led, eliminación de bañeras, aislamientos en ventanas, etc., junto con la creación de un fondo destinado a financiar reformas integrales de viviendas de familias sin recursos que no puedan acceder a las convocatorias ordinarias de subvenciones por no poder aportar la parte correspondiente a la financiación que se les exige.

Hoja de ruta para la participación

El borrador del plan se remitirá ahora a la Red para la Inclusión, así como a asociaciones de consumidores, empresas suministradoras de energía, Aguas de Murcia, profesionales de servicios sociales y servicios municipales competentes (vivienda, urbanismo, Alem, consumo, etc.).

Hasta el 18 de febrero podrán presentar sus sugerencias y propuestas, que se incorporarán a un nuevo documento que, tras someterse a la Red, comenzará su tramitación para el Pleno. En principio, si se cumplen los plazos estimados Murcia dispondrá de su plan de lucha contra la pobreza energética en primavera.