Hoy en la puerta de EMUASA, el candidato a Secretario General de PODEMOS MURCIA, Toni Carrasco, acompañado de los candidatos al Consejo Ciudadano, Miguel Ángel Alzamora y María Giménez, explicaron a los medios de comunicación el significado de determinadas políticas sobre servicios básicos como la vivienda, el agua o la electricidad en nuestro municipio, aportando datos para demostrar que tales estrategias no son ni inocentes ni casuales, sino que se plantean como una cortina de humo para ocultar determinados intereses particulares. Además de su denuncia, la candidatura Claro que Podemos formuló en términos claros la reivindicación ciudadana por una REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE LA CIUDAD DE MURCIA. Reivindicación que grandes corporaciones como EMUASA temen, debido a que un cambio de políticas en ese sentido les haría perder tanto sus privilegios como la situación de poder que ejercen en la actualidad para someter a sus balances de beneficios la economía de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, y de otras muchas.

"Las empresas mixtas transforman los servicios públicos en negocios y a los ciudadanos en clientes"

Toni Carrasco señaló que "el actual modelo de gestión de gran parte de los servicios públicos municipales está siendo objeto de un gran debate por la sociedad civil. La fórmula de gestión empleada en el municipio de Murcia sigue fiel a la estrategia diseñada por las grandes compañías transnacionales (AGBAR) que por medio de las empresas mixtas como EMUASA (partenariado público-privado) y con la connivencia del Ayuntamiento, transforman los servicios públicos en simples negocios y a los ciudadanos en clientes. En este contexto los derechos humanos y de ciudadanía dejan de ser de acceso universal agravando así la vulnerabilidad de las personas más pobres. El acceso universal a los servicios básicos (agua, luz y energía) es una exigencia social y un imperativo moral de los poderes públicos, no solo en determinados periodos, sino todos los días del año.

"Claro que Podemos apuesta por la garantía efectiva del derecho humano al agua, no en medidas temporales, paliativas de carácter asistencial. Apostamos por la remunicipalización"

María Giménez por su parte, apuntó que "la candidatura de Claro que Podemos apuesta por la garantía efectiva del derecho humano al agua reconocido en normas jurídicas, en las ordenanzas municipales, no en medidas temporales, paliativas de 

carácter asistencial. Asumimos plenamente el Pacto Social del Agua, porque apuesta por la gestión pública que desde una óptica socioecológica que garantice los servicios básicos como servicios de interés general. Podemos apuesta por un modelo de gestión con control ciudadano y con mecanismos de participación pública como los consejos sociales integrados por todos los actores de la sociedad civil y los trabajadores. Podemos apuesta por la remunicipalizacion y evaluará el rescate de la concesión de aquellos servicios públicos privatizados bajo el modelo de empresa mixta como EMUASA". 

"Solicitamos  a nuestras instituciones públicas el reconocimiento de la “situación de emergencia habitacional”.

Miguel Ángel Alzamora destacó que hay que desmontar el insidioso discurso de que la empresa privada puede gestionar eficaz y eficientemente los servicios públicos. Alzamora puso como ejemplo el pernicioso impacto que tiene la gestión privada del agua en la ciudad de Murcia. "El primer impacto y el más cruel es el riesgo de que te corten el agua por impago. Hay que reconocer que la lucha vecinal ha logrado frenar los cortes de agua en la ciudad, pero aún se siguen dando en familias inmersas en procesos de ejecución hipotecaria, que siguen teniendo la posesión de la vivienda, pero no su propiedad. El problema es que ante cualquier trámite que hay que hacer con la empresa de agua, el banco se suele negar a realizarlo, por lo que muchas familias han sufrido cortes en Murcia durante este año. El segundo impacto sobre la población es el aumento continuo del precio del agua. EMUASA anunció en primavera que si bien había ganado más de 5 millones de euros, de nuevo subiría la factura del agua para los ciudadanos. El efecto de esa gestión sigue siendo que los murcianos y las murcianas pagan el agua más cara del país, aún siendo también los que más ahorran agua. Como tercer impacto que desmiente la eficacia de la gestión privada, es que como hemos podido observar estos días con la rotura de una tubería en el barrio de El Carmen, en una misma infraestructura que ya ha sufrido varias roturas, es la falta de mantenimiento al que está obligado la empresa. En el último mes de agosto,pudimos también observar como tras la rotura de una tubería en Beniaján, una decena de familias tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas por peligro de derrumbe de los edificios que habitaban". Alzamora recordó que "no hay derecho a la vivienda digna si no hay acceso al agua ni a la energía eléctrica, y de viviendas sin derechos está Murcia cada día más llena. El aumento de los sistemas habitacionales precarios (chabolas, derribos, etc.) dan muestras del fracaso de la Consejería al ejecutar las acciones de "erradicación del chabolismo" del Plan Regional de Vivienda 2009-20012. Por otro lado, recordó Alzamora que "hay un alto consenso sobre sobre la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna, ya que es un derecho humano que está siendo vulnerado de forma sistemática en todo el país, con un impacto nefasto en  nuestra región y nuestra ciudad. La llamada “Ley antidesahucios” 1/2013, que supuestamente se iba a ocupar de las familias vulnerables inmersas en procesos de ejecución hipotecaria, ha supuesto en su primer año de existencia un aumento del 14% de los desahucios. En la región de Murcia según el Consejo del Poder Judicial los desahucios por hipotecas y por alquiler es del 21% durante los tres primeros trimestres del año 2014. Por otro lado, en la región hay cerca de 130.000 viviendas vacías, gran parte de ellas en manos de entidades bancarias, y como confirmó el desaparecido Defensor del Pueblo en un informe, hay en Murcia más de 260 viviendas de promoción públicas vacías, lo que ya por sí solo solucionaría el problema habitacional de algunas familias. Por estos y otros motivos, que desde Claro que Podemos Murcia creemos en que la resolución aprobada por la ciudadanía en la asamblea estatal “Sí se puede”,  debe ser una de las primeras líneas políticas también a escala local y regional, para llevar a cabo las propuestas como: "paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional; despenalizar el uso de viviendas abandonadas ante la ausencia de alternativa; penalizar la situación de acaparamiento de viviendas por parte de las entidades financieras; reconocer el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y que los procedimientos judiciales ofrezcan todas las garantías". Así, el equipo de Claro que Podemos Murcia solicita  a nuestras instituciones públicas el reconocimiento de la “situación de emergencia habitacional”, y un plan que incluya una verdadera política pública de vivienda social municipal y regional que garantice nuestro derecho a la vivienda digna.