En la reunión mantenida esta tarde con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y la directora general del Agua, a petición del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Además de Cámara, han asistido a la misma las alcaldesas de Alicante, Cartagena y Elche, el Alcalde de Lorca y el presidente de la MCT. La gestión del agua desarrollada por los gobiernos de Rodríguez Zapatero obliga a trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios. Los alcaldes aseguran que "obligarnos a asumir costes derivados de decisiones políticas sectarias y partidistas promovidas por los gobiernos socialistas sería un nuevo atropello para los habitantes del Sureste". El Secretario de Estado se ha mostrado receptivo y dispuesto a estudiar la propuesta. No se llevará a cabo el incremento del precio mientras no se elabore una propuesta global.
Los alcaldes de los municipios con mayor población abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla han solicitado hoy la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma. La petición se ha producido esta tarde, en la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la Directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, a petición del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. A la misma han asistido el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, las alcaldesas de Alicante –Sonia Castedo-, Cartagena –Pilar Barreiro- y Elche –Mercedes Alonso-, el Alcalde de Lorca –Francisco Jódar-, y el Presidente de la MCT, Adolfo Gallardo.
Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Rodríguez Zapatero, obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante. El acuerdo –sostiene Cámara- supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de 2 millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones.
“Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos”, asegura Cámara.
Los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT han manifestado al Secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.
Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable.
Asimismo, los alcaldes han remarcado a Federico Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia “ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito”.
Evitar un nuevo atropello a los habitantes del Sureste
En este sentido, han reiterado también que la MCT nunca se ha financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino por los recursos generados por los usuarios. De esta forma, alicantinos y murcianos han amortizado y costeado todas las infraestructuras destinadas al abastecimiento de agua potable sin necesidad de recursos externos.
“Obligarnos a asumir costes derivados de decisiones políticas sectarias y partidistas promovidas por los gobiernos socialistas sería un atropello para los habitantes del Sureste, simplemente por vivir en una de las zonas de mayor actividad económica y riqueza del territorio”, concluyen.
Por su parte, el Secretario de Estado de Medio Ambiente se ha mostrado receptivo y ha entendido el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión, a quienes ha manifestado su disposición a estudiar la propuesta y no adoptar ninguna decisión hasta que se elabore una propuesta global. De este modo, el posible incremento del precio provocado por las desaladoras no se llevará a efecto.