El Concejal de de IU-Verdes en el Municipio de Murcia Ignacio Tornel denuncia que la implantación de la ORA en Vistalegre supone la imposición de un nuevo impuesto a los ciudadanos y una decisión sin trámite institucional democrático.

El concejal de Tráfico se atreve a tomar esta decisión a expensas de la voluntad de "los comerciantes" del barrio, sin presentar la propuesta en ninguna comisión municipal, sin consultar al resto de grupos municipales y con el simple beneplácito de la Junta municipal. "Esta forma de tomar decisiones abre una serie de posibilidades que no conocíamos hasta ahora. Según Iniesta, se puede decidir una actuación que afecta a todos los ciudadanos solo por la voluntad de un sector de la población y de una Junta, sin atender a más."

Tornel recuerda una actuación similar, cuando "en atención a la firma de 70 ciudadanos, esta vez sin siquiera el apoyo de la Junta municipal, se aprobó el cambio de nombre de la Plaza de La Verdad para concederle el nombre de un particular, en este caso también un comerciante hostelero que ocupa parte del parque infantil de dicha plaza para ubicar la terraza de su restaurante."

El responsable de Tráfico lleva a cabo esta actuación, además, en pleno mes de agosto y aludiendo a una demanda que nunca ha sido explicitada, razón para no plantear el asunto en la comisión de trabajo pertinente.

Izquierda Unida-Verdes va a reclamar la revisión de esta ampliación de la zona ORA para conocer con detalle los argumentos en que se basa Iniesta y la Junta municipal. "Ya es extraño que una actuación rechazada en todas las Juntas sea aceptada y reclamada en Vistalegre".

Más allá de la alternativa de la regulación mediante ORA, Izquierda Unida-Verdes reclama al concejal una actuación que contemple la mejora de la movilidad y accesibilidad al barrio. "El uso del vehículo particular y la falta de acceso al interior de los barrios están relacionados con el fracaso de las estrategias de movilidad de su concejalía, no con la regulación del aparcamiento de pago, cuya finalidad es meramente recaudatoria. Iniesta no ha sabido facilitar el desplazamiento de los ciudadanos en la ciudad y los comerciantes son una víctima más de esa incapacidad".

Para Tornel el concejal de Tráfico se refugia en una supuesta petición del colectivo comerciante para tomar la decisión más fácil, a costa del bolsillo de los vecinos y de los trabajadores, en vez de asumir responsabilidades y encontrar alternativas. "Nos preguntamos qué criterios guiaron la nueva planificación del transporte colectivo que sufrimos desde hace una año. Desde luego, la promoción del comercio de barrio no se tuvo muy en cuenta."