Esther Herguedas critica que la Consejería de Educación prorrogue un año más la insostenible situación de descalabro del Colegio San Antonio de Padua mientras se muestra incapaz de resolver los problemas educativos del barrio de la Flota por favorecer los intereses de quienes hacen de la educación un negocio.
Por largo tiempo arrastra ya la Consejería de Educación el problema del Colegio San Antonio de Padua y tan responsable es de lo que ahora sucede como quienes han mal gestionado el centro, pues recordemos que esta administración adjudicó un concierto educativo por tres años a pesar de que el colegio no contaban con las autorizaciones de apertura y funcionamiento.
Ahora, cuando este barco hace aguas por todos los lados, sigue poniendo parches que no sirven de nada. Resulta absolutamente vergonzoso que la consejería siga sin adoptar ninguna medida efectiva ante la evidente falta de viabilidad económica, patrimonial y financiera del centro siendo la única respuesta que los negocios de unos y otros los sigamos pagando los ciudadanos.
La pésima gestión privada de quien antepone el negocio al Derecho a la educación, ha dado como resultado que en tan sólo un par de años el centro acumulara varios millones de deudas: la promotora que lo construyó declara que le deben de tres millones de euros y tiene embargado el colegio, la guardería, los muebles de ambas edificaciones y de la sede de la Fundación que se encuentra en Cartagena así como el millón y medio de euros que la fundación habría pagado al ayuntamiento de Murcia por los terrenos públicos cedidos para el uso privado. Ni siquiera los que nos opusimos en su momento a la cesión de suelo público para esta escuela privada anunciando que traería más problemas que los que supuestamente venía a resolver imaginábamos que en tan poco tiempo nos encontraríamos un panorama tan negro.
Herguedas se pregunta que pasará si en este año se empiezan a ejecutar los embargos, incluidos los dos que pesan sobre el propio concierto de la Consejería de Educación. Y qué va a pasar con el dinero que el centro debe al Ayuntamiento.
Estos hechos demuestran las graves consecuencias de la política de abandono de la educación pública y lo errático de la apuesta de la Administración regional y municipal por la privada. Por todo ello desde Herguedas considera que la única forma de garantizar que el Derecho a la Educación se cumple con todas las garantías es que de una vez por todas la Consejería de Educación asuma la gestión del centro y reconvierta el colegio en el centro público que debería de haber construido desde el principio para resolver parte de los problemas educativos de la zona.
Herguedas ha señalado que su grupo va a pedir la comparecencia del Consejero de Educación para que ofrezca explicaciones sobre este asunto. Asimismo va a solicitar al ayuntamiento a través de una pregunta en pleno información sobre la forma en que esta nueva situación va a afectar al cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de marzo de 2006, por el que se adjudicó el derecho de superficie de un solar municipal a la ahora desaparecida Fundación Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas que construyó el centro.