Murcia, 16 jul (EFE).- Los ancianos Pedro Camacho y Violante Pardo, de 88 y 85 años, respectivamente, desalojarán hoy su domicilio, ubicado en la huerta de Murcia, debido a una expropiación del Ayuntamiento de Murcia para prolongar la avenida Miguel Indurain, informó hoy a EFE el matrimonio afectado.
Camacho, que se mostró indignado por la situación, explicó que el matrimonio se trasladaría hoy a la casa de su hija, en el Cabezo de Torres, pero, según el anciano, quien les tiene que dar una casa es el ayuntamiento, y no su hija.
Enojado, y "con la sangre ardiendo", Camacho afirmó que "si encontrara al culpable, ese no se escapaba".
"¿No les da vergüenza a los 'mandamás' echarme de mi casa?", se preguntó el anciano, quien recordó que lleva 60 años viviendo en su casa con su mujer y que ahora tendrían a su edad que empezar de nuevo en otro sitio.
Pardo explicó que si el ayuntamiento le hubiera ofrecido una vivienda similar a la suya no hubiera tenido ningún problema para mudarse, "pero la casa del Cabezo de Torres no es mi casa, ni mi huerto, ni mi tierra, 'ni ná'", añadió.
Según Pardo, el matrimonio también echará de menos a las gallinas y conejos que tenían en el patio de su casa, y que no podrán trasladar a su nueva vivienda, por lo que afirmó que con el traslado obligado lo han perdido todo.
"Aquí han nacido cuatro generaciones de mi familia", añadió Pardo, quien se lamentó de tener que buscarse la vida a los 80 años, y se preguntó "qué le habrán dicho al juez para que cambiara de opinión".
El 26 de abril de 2006 el Ayuntamiento de Murcia decidió expropiar la casa de 252,05 metros cuadrados, donde vivían Camacho y Pardo, a cambio de 163.034 euros para pagar un alquiler durante 18 meses y optar a un piso protegido.
El 10 de mayo de 2007 los técnicos le dieron un plazo de 5 días para desalojar la vivienda, pero ellos se resistieron y buscaron un abogado, Eduardo Salazar, quien recurrió basándose en motivos de salud y adjuntando un informe médico que exponía las consecuencias psíquicas que conllevaría esta expropiación obligada.
El 2 de noviembre de 2007 el juez le dio la razón a los ancianos y paralizó el proceso, pero el Ayuntamiento recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
El pasado 27 de junio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ anuló la resolución del juzgado que amparaba a los ancianos, ya que consideraba que la actitud de Camacho y Pardo producía perjuicios al interés general.
Según el Tribunal, la negativa a desalojar la vivienda "obstaculiza y retrasa" unas obras adjudicadas por el ayuntamiento para la ejecución del eje viario en una de las grandes avenidas del norte de la capital.
La Plataforma Murcia No Se Vende se solidarizó hoy con los ancianos protagonizando un acto de protesta a las puertas de la vivienda, ya que estiman que su caso es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en esta comunidad autónoma con un modo de vida tradicional que es absorbido por el urbanismo "descontrolado". EFE