El Pleno exige al Gobierno Central que la subida de la tarifa eléctrica no grave a las familias

Respecto al incremento del precio del agua del Taibilla, el Alcalde recuerda que el Gobierno “tiene la obligación de tratar a los españoles en régimen de igualdad, sin discriminaciones en función del territorio donde vivan”

El Pleno del Ayuntamiento ha acordado, a propuesta del Equipo de Gobierno, exigir al Gobierno de la Nación que no discrimine a los murcianos con el precio del agua y no grave a las familias con el incremento desorbitado de la tarifa eléctrica.

El Alcalde considera urgente que el Gobierno de España “adopte medidas eficientes para dar solución a la grave crisis económica que padecemos”.

En este sentido, asegura que “la subida indiscriminada de precios, especialmente la eléctrica -más recientemente la del agua- está injustificada y es discriminatoria porque no tiene en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar a la hora de establecer los consumos mínimos a partir del cual se encarece la tarifa. Además, grava a la gran mayoría de los usuarios con un incremento de más de un 10% y lo hace en un año de por sí bastante duro para todos los ciudadanos desde el punto de vista económico”.

El Alcalde entiende que la penalización del consumo eléctrico excesivo “es una medida oportuna cuando se trata de un despilfarro, pero para determinar si lo es o no es básico saber cuántas personas integran la unidad familiar”.

Este aumento coincide con el producido en la tarifa del agua del Taibilla, que en los últimos años ha crecido alrededor del 60% como consecuencia de “la decisión de eliminar el Trasvase del Ebro, haciéndonos depender exclusivamente de la desalación, que conlleva unas subidas desaforadas de precios que sólo soportamos los murcianos”.

El Alcalde recuerda que el Gobierno “tiene la obligación de tratar a los españoles en un régimen de igualdad y que no existan discriminaciones en función del territorio donde cada uno viva”.

Miguel Ángel Cámara considera que “cuando las propuestas son sensatas y razonables, además de justas, los gobernantes debemos aceptarlas y asumirlas”.

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