La titular de este Juzgado ha admitido a trámite la querella de HUERMUR y ha fijado la toma de declaración como imputados a seis directivos de la Junta de Hacendados para los días 16 y 24 de noviembre.
Los hechos denunciados consisten en “cesiones de uso y de aprovechamientos urbanísticos” firmados por Sigifredo Hernández y sus directivos a cambio de diversas sumas de dinero; cesiones que supuestamente se produjeron sin la preceptiva aprobación de Juntamento General (asamblea de hacendados) y posiblemente a un precio inferior al de mercado para esos suelos.
Desde HUERMUR se considera “una nueva victoria de los miles hacendados de la Huerta que nos interesamos por su conservación, haciendo que aquellos que no creen en la Huerta pero se autoproclaman sus jueces y valedores expliquen ante la Justicia sus conductas y su “interés por esta huerta” a lo largo de sus últimos 8 años de mandatos”.
HUERMUR valora como un paso positivo este auto en el camino para el esclarecimiento de la actitud de los equipos de Sigifredo Hernández al frente de la Junta de Hacendados, considerando que “no pueden seguir ni un minuto más al frente de esta institución y del Consejo de Hombres Buenos aquellos que son llamados al orden por la Justicia para explicar lo que han hecho en la Junta”.
La Justicia ha dado un nuevo varapalo a la gestión de Sigifredo Hernández y sus directivos al frente de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia tras una querella que interpuso HUERMUR por posibles delitos societarios en la “cesión” de acequias y de sus aprovechamientos urbanísticos.
Esta querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que tras estudiar su contenido ha procedido a imputar al presidente de la Junta de Hacendados, al vicepresidente y a cuatro vocales de su Comisión Representativa (junta directiva).
La querella fue interpuesta por esta asociación de regantes tras una investigación en la que se tuvo conocimiento de la existencia de numerosos contratos con membrete oficial de la Junta de Hacendados y firmados cada uno de ellos por un simple procurador de acequia y por Sigifredo en calidad de testigo junto con los constructores, promotores o representantes de Juntas de Compensación interesados. En estos contratos se les cedía el uso y el aprovechamiento urbanístico de acequias y quijeros, en algunos casos con tramos de bastante longitud, a cambio de distintas sumas de dinero.
Tras el estudio de diversos contratos, que son aportados como documentos adjuntos en la querella, se advierte que dichas “cesiones” se realizaron posiblemente sin la necesaria aprobación competente, que tendría que haber sido la del Juntamento General, asamblea de hacendados que es la única que puede enajenar las propiedades de la comunidad de regantes, según la Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las propias Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia.
En este caso, y para que sea más fácil entender el asunto, nos encontraríamos con un supuesto en el que el presidente de una escalera, o el portero, procedieran a ceder la propiedad de la entrada, un trozo de escalera, o la terraza, a un tercero, a cambio de dinero y sin que la Junta de Propietarios lo apruebe ni tenga conocimiento de ello.
Es por ello que desde HUERMUR se consideró que podría llegar a existir un delito societario, y tras un extenso trabajo de investigación, se puso el caso en manos de la Justicia.
Igualmente, desde HUERMUR se ha advertido que, al margen de la presunta ilegalidad de esas cesiones, posiblemente efectuadas sin autorización de la Junta General de los regantes y en contratos firmados por un simple procurador del cauce sin competencias para ello, la Junta podría haber llegado a no ingresar las sumas de dinero correspondientes al valor de esas cesiones.
Por todo ello, los integrantes de esta asociación, regantes miembros asimismo de la Junta de Hacendados y que ya han hecho públicos otros casos relacionados con los directivos de dicha Junta, piden a la Justicia que se “esclarezca todo lo relacionado con estas cesiones de nuestras acequias, ya que además de que se han hecho sin contar con sus verdaderos propietarios, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de estafa a todos los murcianos”