Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de mañana para que el Consistorio inste a la Comunidad Autónoma a cumplir con su obligación de proponer a los ayuntamientos los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado de personas en situación de exclusión residencial,regulado en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, y combatir la pobreza energética.
La concejala Margarita Guerrero ha explicado que el Gobierno autonómico tendría que haber llevado a cabo esa acción hace 16 meses, es decir, tres meses después de la entrada en vigor de la modificación de la ley tras su aprobación en mayo de 2016 en el seno de la Asamblea regional con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La citada ley contempla en su disposición final primera que "la Comunidad Autónoma debe proponer a la Administración local, en un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor, los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado regulado por la Ley 6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia".
Guerrero ha señalado que el Ejecutivo murciano incumple, además, otras cuestiones recogidas en la norma como la presentación y aprobación, también a los tres meses, de los documentos en los que se contengan los coeficientes que ponderen los ingresos para determinar las situaciones de riesgo de exclusión residencial.
Igualmente, no ha cumplido con otra de las disposiciones de la ley 10/2016 que apunta que el Gobierno desarrollará mediante un reglamento "las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas".
Estos, juntos al incumplimiento de otros compromisos legales, demuestran que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras "vuelve a hacer caso omiso a los acuerdos normativos aprobados en la Asamblea regional, parlamento que, por otro lado, es el que le otorga su legitimidad como gobierno", ha sostenido la edil.
Para la formación municipalista, "se trata de un gesto más de irresponsabilidad del PP", a quien "no le importan en absoluto las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas" y el cumplimiento de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso a una vivienda y a una vida digna, entre otros.
Además, ha recordado que el PP recurrió, "en su proceso de insumisión a esta ley", dos de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha sido rechazado en una parte, mientras que la otra se encuentra en estudio. Ninguno de sendos artículos tiene que ver con las medidas mencionadas anteriormente.