El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha acusado hoy al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, del Partido Popular, de imponer su "modelo ideológico" en una "obsesión" por la privatización de servicios que "está siendo declarada irregular por cesión ilegal de trabajadores".
Ramos, que ha pronunciado estas palabras en el Pleno extraordinario que ha tenido lugar esta mañana para debatir una moción de la oposición sobre cesión ilegal de trabajadores, que ha sido aprobada con el rechazo del PP, ha sostenido que el "afán privatizador" del PP ha llevado a la firma de "algunos contratos externalizados millonarios" en los que las empresas "solo han servido como intermediarios pasivos en una relación de la que salen más que beneficiadas".
En este sentido, se ha referido a Tribugest, la concesionaria de la gestión de tributos del municipio, una labor por la que esta entidad se lleva 7,1 millones de euros al año de las arcas públicas, y a la que el Ayuntamiento ha terminado por abrir un expediente sancionador por incumplir el pliego de condiciones al subcontratar a otra entidad, Unipost, para el servicio de notificaciones de apremios y embargos.
En relación con esto, para el edil, el Ayuntamiento ha incurrido en una "grave irresponsabilidad" al no controlar la forma en que se han llevado a cabo las notificaciones, provocando así que miles de ellas se hayan hecho de manera presuntamente irregular, lo que "puede provocar pérdidas económicas al Ayuntamiento", además del perjuicio ocasionado a los ciudadanos afectados, y a los propios trabajadores y trabajadoras que tienen que sufrir precariedad laboral.
Ante esta "gravísima situación", el equipo de Gobierno "debería reaccionar y solucionar el asunto", y esto debe pasar por la rescisión del contrato con Tribugest y la remunicipalización del servicio. Al respecto, Ramos ha recordado que según un informe de CCOO, el Consistorio ahorraría unos 4,8 millones de euros si se asumiera la gestión de los tributos municipales, como ocurre en el resto de grandes ciudades del país.
La oposición hace el trabajo del equipo de Gobierno
El concejal de la formación municipalista ha criticado el "bloqueo" del PP a los trabajos de la Mesa de Remunicipalización y de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, en la que eran investigados, a través de una labor de control por parte de todos los grupos municipales, los grandes contratos del Ayuntamiento, receptores del 30 por ciento del presupuesto anual.
Precisamente, gracias a la citada Comisión y a que en su seno "la oposición estaba haciendo el trabajo que corresponde al equipo de Gobierno", se detectó que tanto Tribugest como Ayuda a domicilio estaban incurriendo en supuestas irregularidades. Sin embargo, empresas concesionarias como Cespa o STV, que reciben grandes cantidades económicas, no pudieron ser objeto de análisis.
"El PP ha bloqueado la Comisión", ha criticado Ramos, para quien el hecho de que este órgano funcione con plenas garantías "es más que necesario" y debería ser una prioridad para el Gobierno municipal, al objeto de asegurar que se cumpla con el principio de transparencia y que no se cometan actuaciones alejadas de la legalidad.
Para Cambiemos Murcia, a partir de ahora, la Comisión no puede ser presidida por un miembro del PP, porque "no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas". Por ello, ha propuesto que ejerza esta función "cualquier otro grupo de la oposición".
Las privatizaciones lastran el presupuesto
Ramos ha enumerado los efectos de las privatizaciones, destacando el "lastre" que suponen para la previsión de cuentas. Así, del total de gastos corrientes y servicios, cuyo presupuesto es de 175 millones de euros, 122 se dedican a la externalización a través de empresas como CESPA (68,1 millones); Electromur (5) o STV (8,4), que gestiona el mantenimiento de parques y jardines.
Además, ha llamado la atención sobre las partidas destinadas a "garantizar los beneficios" de empresas privadas, como Terra Natura, que recibe una subvención anual de 3 millones de euros, y las que administran instalaciones deportivas (3) o el transporte urbano (17,5).
"Esto lastra la capacidad inversora del Ayuntamiento e impide que podamos tener una política económica en condiciones; también repercute en malas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que, indirectamente, trabajan para este ayuntamiento, convirtiendo así la Administración más cercana a la ciudadanía en una auténtica gestora de la precariedad".
La falta de respuesta del Ayuntamiento en el caso del museo Ramón Gaya
Ramos también ha denunciado la actuación del Gobierno municipal en relación al caso de las trabajadoras del museo Ramón Gaya. Desde mayo de 2016, cuando varios miembros del Patronato Ramón Gaya avisaron de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la imposibilidad de seguir contratando personal mediante una empresa externa, hasta diciembre de ese mismo año, "no se produjo ninguna reacción" por parte del equipo de Ballesta.
La estrategia acordada entre el Patronato y los grupos políticos para no dejar en aire la plantilla y evitar el cierre del museo consistía, ha explicado Ramos, en la subrogación del personal por parte del Patronato. "Intervención tramitaría un expediente de subrogación, llegando a poner un Reparo al no existir plantilla ni partida presupuestaria para pagar sus salarios, y mientras se tramitaría la creación de la plantilla y el traslado del presupuesto".
De ahí que todos los grupos se comprometieran a levantar el Reparo. Sin embargo, en estos momentos, cuando las trabajadoras llevan cinco meses sin cobrar, el secretario de Pleno "niega esta solución".
