- La formación municipal afirma que "la culpa de que esto haya sucedido es del Gobierno municipal del PP, que incumplió su obligación de haber entregado la parcela libre de cargas a la empresa concesionaria del tranvía"
- Angeles Micol señala que "si finalmente el Consistorio no consigue hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre los terrenos, serán todos los murcianos los que pagarán con su dinero el desaguisado"
El Ayuntamiento ha reconocido hoy por escrito a Ahora Murcia que las cocheras del tranvía tienen una orden de desahucio, cuyo lanzamiento ha sido paralizado mientras se resuelve un incidente de una pieza de ocupación sobre esos suelos. La edil Angeles Micol explica que "la culpa de que esto haya sucedido es del Gobierno municipal del PP, que incumplió su obligación de haber entregado la parcela libre de cargas a la empresa concesionaria del tranvía, lo cual provoca ahora que ese suelo esté pendiente de un desahucio porque lo reclama el Banco Sabadell".
Micol denuncia que "la desastrosa gestión del Ayuntamiento de Murcia en la tramitación de la cesión de los terrenos en los que se ubican las cocheras y talleres del Tranvía de Murcia llevó a una orden judicial de lanzamiento (desahucio) el pasado mes de noviembre, que finalmente pudo paralizarse". La concejala explica que una serie de irregularidades en dicha tramitación, en el año 2009, han provocado que ahora "el Consistorio se verá obligado a destinar nuevos recursos para hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre la finca, que ya ha sido adjudicada al Banco Sabadell".
La edil recuerda que "el Ayuntamiento no registró en 2009, cuando la mercantil Citrovida le cedió los terrenos, el uso municipal de estos, y cuando trató de hacerlo, en noviembre de 2016, el Registro informó negativamente de la operación, por lo que no pudo llevarla a cabo". Además, "la Ley establece que los terrenos destinados a equipamientos públicos incluidos en un sector urbanístico deben ser entregados al Ayuntamiento libres de cargas, algo que el Consistorio no exigió a la mercantil Citrovida".
La falta de registro del uso municipal de los terrenos y la existencia de cargas sobre estos se conocieron el 2 de septiembre de 2016, cuando el Banco Sabadell presentó la ejecución de un préstamo hipotecario contra Citrovida, ya que ésta había presentado concurso de acreedores.
La concejala señala que "en la concesión del Tranvía de Murcia se acordó que uno de los compromisos del Ayuntamiento con la concesionaria era la entrega de los terrenos para las instalaciones libres de cargas, sin embargo el Consistorio reconoció la edificabilidad a la empresa a cambio del uso de un suelo hipotecado, cuando en el contrato de la concesión se establecía que sería libre de cargas".
Para la edil, "esto significa que el Ayuntamiento era consciente del riesgo que existía y de que podía perder ese derecho al uso en caso de una ejecución hipotecaria, así como que toda construcción que existiese sobre esos terrenos también se vería afectada, al extenderse los efectos de la hipoteca a todo lo construido sobre la finca". Apunta, además, que "no percatarse de dicho riesgo supone una clara negligencia en la gestión de los intereses de la ciudadanía; es indiscutible que existía una hipoteca y que el Ayuntamiento lo sabía al aceptar la cesión como contrapartida. A pesar de todo esto y con claro riesgo para los intereses públicos, no se garantizó el derecho de uso del Ayuntamiento frente a terceros inscribiendo dicho uso en el Registro de la Propiedad".
Ante esta situación, "el Ayuntamiento se verá obligado a destinar nuevos recursos para hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre la finca, que ya ha sido adjudicada al Banco Sabadell, a no ser que pueda acreditar que esa cesión de uso era conocida por el banco, cosa difícil, pues además de no haber inscrito ese derecho en el Registro de la Propiedad, tampoco se ha encontrado que especificase las circunstancias y destino de ese suelo de Equipamiento en la Memoria del Plan Parcial ZP-Ch3-2 donde se ubican los terrenos".
La edil de Ahora Murcia concluye que "si finalmente el Consistorio no consigue hacer efectivo el reconocimiento del derecho de uso que tiene sobre los terrenos, serán todos los murcianos los que, pagando con su dinero, tendrán que arreglar el desaguisado que los responsables municipales han ocasionado, entre lo que se encontrarían la obligación de indemnizar por daños y perjuicios ocasionados a la concesionaria del tranvía, y la necesidad de conseguir una nueva ubicación para las instalaciones del tranvía y llevar éstas a cabo".
