El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado hoy que el PP "conocía perfectamente" que la empresa Ayuda a domicilio S.A.L "no reunía la estructura económica necesaria" para poder hacer frente a la gestión del servicio desde antes de iniciar la relación contractual que aún les une, tras la última adjudicación en 2010.
Prueba de ello fue la solicitud de Ayuda a domicilio de rebajar el aval del contrato del cinco al uno por ciento, y que contó con el visto bueno del Ayuntamiento a pesar de que esta operación suponía renunciar a 1,1 millones de euros en caso de que la empresa tuviera deudas con los trabajadores tras la extinción del contrato.
Según ha explicado Ramos, la empresa, cuyo contrato asciende a cinco millones de euros al año, tampoco pudo hacer frente a dicho aval de forma directa y solo garantizó 883.242 del mismo, por lo que tuvo que pedir al Consistorio una retención en el precio de más de 250.000 euros.
A esto se suma que Ayuda a domicilio tiene una deuda con la Seguridad Social de 291.830 euros, con lo que mensualmente tiene que hacer frente a una cuota de deuda de 11.665 euros, y que el convenio entre una y otra está también avalado por el propio Ayuntamiento.
Para el edil de Cambiemos Murcia, "lo más grave" es que cuando ya se habían producido impagos a los trabajadores el Consistorio decidiera, bajo la dirección de un gobierno en funciones, la prórroga del contrato por un año y medio y priorizar el pago a esta empresa antes que al resto.
También como "cuestión preocupante" ha señalado la "alta conflictividad" que supone la diferencia salarial entre trabajadores que tienen el mismo puesto. Mientras los más antiguos, probablemente socios, llegan a suponer un coste salarial para la empresa de 33.118 euros, el de los últimos contratados es de a 17.184.
Cambiemos Murcia ha considerado que la "ruinosa" situación de la empresa deja la puerta abierta a nuevos impagos a los empleados como los aplicados en diciembre de 2015 y enero de 2016, ante lo que el equipo de Gobierno no puedo volver a prorrogar el contrato, sino estudiar medidas jurídicas para evitar este tipo de situaciones.
La formación municipalista ha apostado porque en el nuevo pliego de condiciones quede garantizada la subrrogación total de los empleados actuales, así como el mantenimiento de las condiciones de trabajo.
Igualmente, ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento negocie con la Comunidad Autónoma para que que el servicio siga siendo gestionado desde la administración local, y analice las posibilidades de remunicipalizarlo, asumiendo a los trabajadores como personal laboral del Ayuntamiento.